EMED Tartessus critica a Rumbo 5 Cero y recibe la escolta de Guardia Civil para controlar Minas de Riotinto

lunes, 8 de agosto de 2011

HUELVA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa EMED Tartessus, actual propietaria del proyecto minero asociado al complejo minero-industrial de Minas de Riotinto, ha criticado la actitud de los empleados de Rumbo 5 Cero, que el pasado viernes denegaron la entrada al equipo de mantenimiento de dichas instalaciones, lo cual obligó a EMED a llamar a la Guardia Civil, que les escoltó para dejarlos entrar en el complejo con vistas a poder efectuar la labor de supervisión y control de las instalaciones.

En una nota, EMED Tartessus ha criticado ciertos hechos que han tenido lugar el pasado viernes, de forma que "a media mañana, el equipo de mantenimiento de la compañía ha visto cómo un grupo de unas 20 personas, que se identificaban como empleados de la entidad Rumbo 5 Cero SL, les denegaban el acceso a las únicas vías mediante las cuales se puede acceder a las instalaciones que gestionan el sistema de almacenamiento de estériles mineros --las presas de estériles-- y que precisan de un mantenimiento y control regulares".

Tras recordar que el acceso de los técnicos y operarios de EMED Tartessus a estas instalaciones "es vital para salvaguardar la seguridad y la estabilidad de las presas, actualmente bajo responsabilidad de EMED Tartessus, según resolución emitida por la Junta de Andalucía".

Ante esta situación, EMED Tartessus "se ha visto en la obligación de requerir la presencia de la Guardia Civil, que tras requerir toda la documentación y detalles sobre la situación, ha hecho cumplir a los representantes de Rumbo 5 Cero SL con la obligación de dejar libre el acceso a los equipos de mantenimiento de EMED Tartessus de manera que puedan continuar las rutinas de chequeo y control de las instalaciones de manera indefinida".

Por ello, la Guardia Civil escoltará a los empleados de EMED Tartessus "asegurando que el desempeño de los trabajos mencionados no sufra ninguna alteración y pueda llevarse a cabo de manera segura".

EMED Tartessus ha advertido de la gravedad de los hechos y ha recordado que la Junta de Andalucía, en resolución emitida el 9 de marzo de 2011, "dictaminó que habría de ser EMED Tartessus la entidad que asumiera las labores de control y mantenimiento de las presas mineras, que albergan el material estéril procedente de la operación".

Apuntó que esta resolución "viene a apoyar las actuaciones de esta compañía que, siendo sólo propietaria de un tercio de los terrenos ocupados por estas instalaciones, ha venido desde su llegada en 2007, responsabilizándose en solitario, y con alto coste económico, de los trabajos de monitorización y conservación de la totalidad de las mismas, en beneficio de la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente del entorno".

Agregó que en la misma resolución "se hace referencia expresa a la obligatoriedad para cualquier otro propietario de terrenos sobre los que descansen las mencionadas instalaciones, de no obstaculizar a EMED Tartessus en el cumplimiento de estas obligaciones".

Ha recordado asimismo que "es la autoridad minera, radicada en la Delegación en Huelva de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, quien tiene la potestad de decidir sobre la ejecución de los trabajos asociados a instalaciones mineras".

También ha recordado que "tras realizar los prescriptivos estudios, EMED Tartessus ha puesto en marcha un proyecto de actuaciones sobre las presas en conjunción con la firma de ingeniería Eptisa, diseñador original de estas". Ha precisado que este proyecto "ya ha sido aprobado por la autoridad minera, que ha dictaminado que ha de ser exclusivamente EMED Tartessus quien ejecute estas medidas correctoras, por un valor cercano al medio millón de euros".

EMED Tartessus ha agradecido la "diligencia y rapidez" en las actuaciones de autoridades y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, personados en Guardia Civil y Policía Local; y reafirma que su intención es "hacer todo lo necesario dentro lo previsto en el ordenamiento jurídico español, para hacer cumplir los dictados de la administración y salvaguardar la seguridad pública por encima de cualquier otra consideración".

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