Una comarca que huye del monocultivo del cobre

Unanimidad. Con esta palabra puede ilustrarse la postura de los agentes políticos y sociales de la Cuenca Minera ante el debate de la reapertura o no de la línea del metal. La mina, en un momento en el que la tonelada de cobre ronda una cotización superior a los 7.000 dólares en bolsa (con un precio de 1.700 dólares habría podido subsistir en el momento de su cierre), es un complemento de sumo interés para el conjunto de la comarca, nunca la solución a la crisis. La prioridad es la suma de las infraestructuras viarias planificadas para comunicar la zona con el Puerto de Huelva, Portugal, Sevilla, Extremadura y el norte de España y la reindustrialización. La reactivación de una explotación que, como consecuencia de la inestabilidad propia de su mercado, condujo a la Cuenca desde los mayores niveles de desarrollo económico hasta las máximas cotas de paro, sólo es considerada como un pilar más de la profunda diversificación socioeconómica que requiere esta tierra. Así expresan los núcleos mineros la que emerge como una clara huida del monocultivo del mineral para no ser rehenes de las fluctuaciones de su rentabilidad.

No se quiere caer, en palabras del secretario general de CCOO-Huelva, José Delgado, en "errores del pasado", puesto que volver a depender de una única actividad "significaría que no habríamos aprendido nada". Pero tampoco se da la espalda a una iniciativa que puede actuar, bajo la concepción del líder de UGT-Huelva, Jorge Puente, como un "revulsivo" en los años de espera de las futuras autovías N-435 y A-461. Y es que la actual propietaria de la mina, Emed Tartessus, que controla el 51 por ciento de las acciones, habla de un proyecto que, con una producción anual de 40.000 toneladas y una inversión de alrededor de 625 millones de euros, generaría hasta 450 puestos de trabajo (unos 200 en la fase inicial). La filial de Emed Mining, una multinacional con concesiones mineras en Chipre, Eslovaquia y Georgia, asegura un periodo de viabilidad de, al menos, 15 años, en la medida en que los costes de producción de una tonelada de cobre quedarían fijados ahora en unos 3.000 euros para ascender a los 5.000 en los próximos tres o cuatro ejercicios. Los ingresos por exportación estimados para Andalucía, con China, India y Brasil como principales compradores, rondarían los 150 millones de euros anuales.

Pese a esos datos, la cautela es la nota dominante ante una propuesta que recupera del cajón del olvido una mina que tuvo que ser desmantelada, un fin que parecía definitivo y que desembocó en un plan de prejubilaciones del que no se habían tenido precedentes en la zona. Algo a lo que se suman la controversia de la titularidad del subsuelo y los frentes jurídicos abiertos en torno a unos yacimientos sobre los que han confluido, en los últimos años, los intereses de la Comisión Liquidadora de MRT SAL, Mantesur Andévalo (MSA), Shorthorn Limited y, ahora, Emed Tartessus, sin olvidar a los acreedores que ejecutaron embargos (Seguridad Social, Agencia Tributaria, Sevillana Endesa o El Monte). No obstante, la reciente expulsión de Luis Arias Fontal, Luis Alonso Bugueiro y Elvira Núñez de Prado Ramírez, testaferros del ex gestor de MRT Carlos Estévez, de MSA, al dejar a Shorthorn Limited, la comercializadora que inyectó sin éxito 12 millones de euros para retomar la línea del cobre, como socio de Emed Tartessus (con el 49 por ciento de las acciones) aporta un haz de confianza. Ya sólo falta el "riguroso" cumplimiento de las máximas garantías económicas, medioambientales y laborales.