EDITADO EN HUELVA INFORMACION
El giro en las declaraciones que han protagonizado dos de los testigos de cargo en los que la Fiscalía y la representación legal de la familia de las víctimas del devastador incendio de Minas de Riotinto (27 de julio de 2004) han sustentado durante cinco años y medio la acusación contra el único imputado, Emilio Perdigón Panduro, no les ha supuesto freno para mantener su inculpación. Todo lo contrario. Tanto la Fiscalía como la acusación particular continúan agarrándose al que ha sido testigo clave a lo largo de la instrucción como uno de los elementos fundamentales para solicitar a la Sección Tercera de la Audiencia onubense, que ayer cerró el juicio después de dos sesiones, que mande a Perdigón a la cárcel por dos delitos de homicidio imprudente y por incendio forestal (26 años según la petición del Ministerio Público y 28 según la familia del matrimonio que falleció en el fuego).
Este hombre, P.L.P.R., declaró hasta tres veces (dos ante la Guardia Civil tras el incendio y una tercera en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Valverde del Camino) que vio a Emilio Perdigón en el barranco de Los Cantos junto a una columna de humo y que el acusado apresuró el paso cuando se percató de que había sido visto. Al llegar a juicio, este mismo hombre suavizó su declaración e insistió en que a su opinión Perdigón no era responsable, mientras desde el banquillo el acusado le increpaba a voces: "¡Di la verdad!".
El principal testigo "ha pretendido matizar sus declaraciones iniciales, lo que encuentra su explicación, sin duda, en la presión que debe haber sufrido por parte del acusado", remarcó en su alegato el fiscal del caso, Pedro Díaz, para añadir que ante las amonestación del acusado "difícilmente podría ratificar la declaración que hizo en la instrucción".
Idéntico motivo achaca al ataque de amnesia que parecieron sufrir otros testigos cuando se encontraron frente al tribunal. "El miedo a posibles venganzas o problemas futuros, teniendo en cuenta la proximidad y el vínculo de una población pequeña".
La Fiscalía sostiene que el presunto autor del fuego que mató a dos personas, Francisco Capote y María Portijo, y redujo a cenizas más de 35.000 hectáreas de superficie, "ha mentido desde su primera declaración" y llegó a diseñar "el trayecto perfecto" desde su casa en la barriada de Los Cantos (donde se inició el fuego) hasta el pantano del Zumajo para situarse en el punto más alejado al cuarto de los focos que se sucedieron aquella tarde (le precedieron dos quemas de contenedores en el pueblo y el foco de Los Cantos), precisamente el que provocó una bola de fuego que fue imparable durante cuatro días consecutivos.
Elementos comunes a los informes finales de la acusación pública y particular, que ejerce el abogado Antonio Rubio, son tanto la declaración de P.L.P.R. como el diseño de un plan previo, cuyo inicio (la quema de contenedores), según el letrado de la familia de las víctimas, tenía como fin distraer la atención de los bomberos y Fuerzas de Seguridad para poder prender los focos 3 y 4, para "garantizarse el éxito de su hazaña", conociendo además los antecedentes de fuegos en la misma zona y las elevadas temperaturas que se registraron ese día.
Ambas partes coinciden también en destacar el informe técnico y las declaraciones que en el juicio realizaron los agentes del Servicio de Protección (Seprona) de la Naturaleza de la Guardia Civil y los miembros de la Policía Local de Riotinto, que vieron inviable la ruta que Perdigón dijo haber hecho para llegar al pantano del Zumajo a bañarse. "El fuego fue tan devastador que nunca hubiera podido cruzar el camino", subrayó el abogado.
Los cambios de testimonio de dos testigos, P.L.P.R. y E.F., pueden derivar en otro proceso judicial, ya que la acusación particular solicitó al tribunal que deduzca testimonio, se unan a los que realizaron durante la instrucción y se remitan a un juzgado para que investigue si han podido incurrir en un delito de falso testimonio. "Se han sentido coaccionados y comprometidos por la presencia de Emilio Perdigón", dijo para señalar que de no haberse producido las declaraciones que hicieron en el juzgado, el caso estaría archivado desde hace casi seis años. Sin embargo, ha ocasionado perjuicios tanto a la Justicia como a Perdigón (llegó a estar en prisión) y a la familia del matrimonio que falleció en el macroincendio.
En el frente opuesto, la defensa de Perdigón, ejercida por el abogado Francisco Lagares, considera un sin sentido que se mantenga la acusación al "no haber ni una prueba ni un testigo" que sitúe a su cliente en ninguno de los focos y, pese a admitir, "algunas imprecisiones" en el relato de horarios de aquella tarde, afirma que su versión ha sido ratificada por los testigos, destacando el de F.G. que vio al acusado en su casa entre las 15:30 y las 16:00.
Lagares, que solicita la libre absolución para Emilio Perdigón, considera que tras el incendio, debido a la repercusión social y mediática del siniestro, "hubo prisas en encontrar a un responsable, no al responsable del fuego" y remarcó en su informe que los miembros de la Guardia Civil "son los primeros en cometer incongruencias" al producirse diferencias de hasta casi media hora en el inicio del fuego en Los Cantos, cuando su cliente estaba en su domicilio.
La familia de Francisco Capote y María Portijo, el matrimonio que no pudo escapar de las llamas y falleció en el incendio, renunció finalmente ayer a la petición de responsabilidad civil subsidiaria de la Junta de Andalucía por una supuesta desatención de sus obligaciones en materia de prevención de incendios, aunque mantiene petición de responsabilidad del acusado, Emilio Perdigón.
Esta renuncia no guarda relación alguna con el proceso que la representación legal de la familia de las víctimas del fuego mantiene abierta contra la Administración andaluza en la vía Contencioso-Administrativa.
La hija de los fallecidos, Laura Capote, se mostró esperanzada en que "se haga Justicia" y el tribunal falle en contra del acusado de la catástrofe que se cobró la vida de sus padres y poder cerrar así "este penoso capítulo de nuestras vidas".
En el terreno de los afectados por la catástrofe de 2004 y al cierre del juicio, la organización conservacionista Ecologistas en Acción reclamó "compromisos y planes de trabajo concretos" que cuenten con la participación local para lograr la recuperación de los territorios afectados por el incendio ya que, según afirmó, "cinco años después, aún quedan muchos asuntos pendientes que la Administración tiene que rematar", informa Europa Press.
El giro en las declaraciones que han protagonizado dos de los testigos de cargo en los que la Fiscalía y la representación legal de la familia de las víctimas del devastador incendio de Minas de Riotinto (27 de julio de 2004) han sustentado durante cinco años y medio la acusación contra el único imputado, Emilio Perdigón Panduro, no les ha supuesto freno para mantener su inculpación. Todo lo contrario. Tanto la Fiscalía como la acusación particular continúan agarrándose al que ha sido testigo clave a lo largo de la instrucción como uno de los elementos fundamentales para solicitar a la Sección Tercera de la Audiencia onubense, que ayer cerró el juicio después de dos sesiones, que mande a Perdigón a la cárcel por dos delitos de homicidio imprudente y por incendio forestal (26 años según la petición del Ministerio Público y 28 según la familia del matrimonio que falleció en el fuego).Este hombre, P.L.P.R., declaró hasta tres veces (dos ante la Guardia Civil tras el incendio y una tercera en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Valverde del Camino) que vio a Emilio Perdigón en el barranco de Los Cantos junto a una columna de humo y que el acusado apresuró el paso cuando se percató de que había sido visto. Al llegar a juicio, este mismo hombre suavizó su declaración e insistió en que a su opinión Perdigón no era responsable, mientras desde el banquillo el acusado le increpaba a voces: "¡Di la verdad!".
El principal testigo "ha pretendido matizar sus declaraciones iniciales, lo que encuentra su explicación, sin duda, en la presión que debe haber sufrido por parte del acusado", remarcó en su alegato el fiscal del caso, Pedro Díaz, para añadir que ante las amonestación del acusado "difícilmente podría ratificar la declaración que hizo en la instrucción".
Idéntico motivo achaca al ataque de amnesia que parecieron sufrir otros testigos cuando se encontraron frente al tribunal. "El miedo a posibles venganzas o problemas futuros, teniendo en cuenta la proximidad y el vínculo de una población pequeña".
La Fiscalía sostiene que el presunto autor del fuego que mató a dos personas, Francisco Capote y María Portijo, y redujo a cenizas más de 35.000 hectáreas de superficie, "ha mentido desde su primera declaración" y llegó a diseñar "el trayecto perfecto" desde su casa en la barriada de Los Cantos (donde se inició el fuego) hasta el pantano del Zumajo para situarse en el punto más alejado al cuarto de los focos que se sucedieron aquella tarde (le precedieron dos quemas de contenedores en el pueblo y el foco de Los Cantos), precisamente el que provocó una bola de fuego que fue imparable durante cuatro días consecutivos.
Elementos comunes a los informes finales de la acusación pública y particular, que ejerce el abogado Antonio Rubio, son tanto la declaración de P.L.P.R. como el diseño de un plan previo, cuyo inicio (la quema de contenedores), según el letrado de la familia de las víctimas, tenía como fin distraer la atención de los bomberos y Fuerzas de Seguridad para poder prender los focos 3 y 4, para "garantizarse el éxito de su hazaña", conociendo además los antecedentes de fuegos en la misma zona y las elevadas temperaturas que se registraron ese día.
Ambas partes coinciden también en destacar el informe técnico y las declaraciones que en el juicio realizaron los agentes del Servicio de Protección (Seprona) de la Naturaleza de la Guardia Civil y los miembros de la Policía Local de Riotinto, que vieron inviable la ruta que Perdigón dijo haber hecho para llegar al pantano del Zumajo a bañarse. "El fuego fue tan devastador que nunca hubiera podido cruzar el camino", subrayó el abogado.
Los cambios de testimonio de dos testigos, P.L.P.R. y E.F., pueden derivar en otro proceso judicial, ya que la acusación particular solicitó al tribunal que deduzca testimonio, se unan a los que realizaron durante la instrucción y se remitan a un juzgado para que investigue si han podido incurrir en un delito de falso testimonio. "Se han sentido coaccionados y comprometidos por la presencia de Emilio Perdigón", dijo para señalar que de no haberse producido las declaraciones que hicieron en el juzgado, el caso estaría archivado desde hace casi seis años. Sin embargo, ha ocasionado perjuicios tanto a la Justicia como a Perdigón (llegó a estar en prisión) y a la familia del matrimonio que falleció en el macroincendio.
En el frente opuesto, la defensa de Perdigón, ejercida por el abogado Francisco Lagares, considera un sin sentido que se mantenga la acusación al "no haber ni una prueba ni un testigo" que sitúe a su cliente en ninguno de los focos y, pese a admitir, "algunas imprecisiones" en el relato de horarios de aquella tarde, afirma que su versión ha sido ratificada por los testigos, destacando el de F.G. que vio al acusado en su casa entre las 15:30 y las 16:00.
Lagares, que solicita la libre absolución para Emilio Perdigón, considera que tras el incendio, debido a la repercusión social y mediática del siniestro, "hubo prisas en encontrar a un responsable, no al responsable del fuego" y remarcó en su informe que los miembros de la Guardia Civil "son los primeros en cometer incongruencias" al producirse diferencias de hasta casi media hora en el inicio del fuego en Los Cantos, cuando su cliente estaba en su domicilio.
La familia de Francisco Capote y María Portijo, el matrimonio que no pudo escapar de las llamas y falleció en el incendio, renunció finalmente ayer a la petición de responsabilidad civil subsidiaria de la Junta de Andalucía por una supuesta desatención de sus obligaciones en materia de prevención de incendios, aunque mantiene petición de responsabilidad del acusado, Emilio Perdigón.
Esta renuncia no guarda relación alguna con el proceso que la representación legal de la familia de las víctimas del fuego mantiene abierta contra la Administración andaluza en la vía Contencioso-Administrativa.
La hija de los fallecidos, Laura Capote, se mostró esperanzada en que "se haga Justicia" y el tribunal falle en contra del acusado de la catástrofe que se cobró la vida de sus padres y poder cerrar así "este penoso capítulo de nuestras vidas".
En el terreno de los afectados por la catástrofe de 2004 y al cierre del juicio, la organización conservacionista Ecologistas en Acción reclamó "compromisos y planes de trabajo concretos" que cuenten con la participación local para lograr la recuperación de los territorios afectados por el incendio ya que, según afirmó, "cinco años después, aún quedan muchos asuntos pendientes que la Administración tiene que rematar", informa Europa Press.
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