La promotora pagó 2,8 millones en una subasta y lleva 5 años sin mover un ladrillo de su supuesto proyecto turístico · La multinacional habla de expropiación y denuncia el bloqueo de la Comisión Liquidadora
Rafael Moreno / HuelvA | Actualizado 27.04.2010 - 01:00
Harry Anagnostaras-Adams.
Emed Mining se juega en los despachos el futuro de su millonaria inversión en la mina de Riotinto. Al margen del complejo proceso industrial y de permisos administrativos que conlleva retomar un negocio minero, los responsables de la multinacional deben hacer frente a dos obstáculos más relacionados con la especulación y la transmisión de derechos administrativos y mineros.
Por un lado, la promotora Rumbo 5.0 y en menor medida Zeitung tienen bloqueado gran parte del desarrollo del proyecto con sus estratégicas posesiones (más de 1.200 hectáreas) vecinas a la explotación. Y por otro la Comisión Liquidadora de MRT se niega a firmar un jurídico documento de "no oposición" necesario para formalizar la propiedad de los derechos mineros. Si ambos, Comisión Liquidadora y Rumbo 5.0, juegan esta baza juntos pueden inflingir a Emed Tartessus daños irreversibles que comprometan la puesta en marcha del Proyecto Río Tinto (PRT).
Y esa estrategia es la que se vislumbra ya desde la multinacional minera.
La promotora Rumbo 5.0 pagó 2,8 millones de euros en 2005 por 1.200 hectáreas en pública subasta. Este terreno comienza detrás del barrio de Bellavista, Vacie del Paraguas y Club de Golf y llega hasta el norte de la población a través de Los Huertos. Además, incluye tierras limítrofes con el Alto de la Mesa, el Dique Sur hasta Peña del Hierro y lindes con Río Tinto Fruit. Su intención, anunciada a través de la promotora inmobiliaria Vía del Atlántico, era meramente urbanística. Rumbo pretendía la creación de un núcleo turístico residencial y aseguró incluso que iba a invertir 200 millones de euros.
Ahora exigen a Emed Mining 20 veces más de lo que pagaron por las 1.200 hectáreas, es decir 60 millones de euros, según ha desvelado el máximo representante de la multinacional en España, Harry Anagnostaras. Las exigencias de los inversores son tan exageradas como irreales.
La directora Legal y de Recursos Humanos de Emed Tartessus, Tara Wales, habla ya sin tapujos de expropiación, lo que necesitaría una declaración previa de interés general.
La compañía asegura que esos terrenos son necesarios para la actividad, pero forman parte de terceros no mineros que los han mantenido en desuso desde hace casi un lustro. Wales advierte que las instalaciones mineras compartidas, entre las que se encuentran balsas de residuos que albergan millones de toneladas de aguas ácidas de mina mezcladas con metales pesados, requieren un mantenimiento continuo muy costoso para preservar la seguridad pública. Y la multinacional denuncia que "estas personas no cumplen con sus obligaciones". Tara Wales recalca en un informe interno que "estamos haciendo el mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo razonable, pero si la legislación minera permite la expropiación por el interés público, de manera que el proyecto pueda ser viable" es una opción.
Las conversaciones mantenidas entre Emed y representantes de Rumbo 5.0 no han dado frutos y se han saldado con un fracaso. Emed Tartessus ha propuesto ahora una tasación independiente y asegura ya abiertamente que si vuelve a fallar el pacto "apostaremos por la expropiación forzosa. Ya se hizo en la mina de Las Cruces y no es ni mucho menos una opción inusual y extraña".
Quien así de rotundo se expresa es Harry Anagnostaras-Adams, consejero de la multinacional minera y máximo responsable del Proyecto Río Tinto.
Pero si la pugna contra los intereses inmobiliarios está siendo dura, más enrevesada parece la transmisión de los derechos mineros. Para la multinacional se trata, sobre todo, de "mala fe" y ponen en la diana de las críticas a Carlos Estévez, ex director general de la mina y diseñador de su final. Junto a él sitúan a otros dos miembros de la Comisión Liquidadora, Fernando Borque y Tomás López, que a juicio de la empresa son los que se niegan a firmar el documento de "no oposición".
Emed adquirió la titularidad de los derechos pero asegura que la Junta de Andalucía tiene que aprobar por vía administrativa la transmisión de esos derechos a la propiedad de Tartessus.
El último propietario de los derechos mineros reconocidos administrativamente es MRT SA, empresa representada por una Comisión Liquidadora. Y a juicio de la multinacional es necesario que declare su no oposición a la transmisión de esos títulos.
MRT vendió estos mismos derechos en subasta pública a Mantesur, que, según la multinacional, nunca pidió la transmisión administrativa. Luego, Mantesur aportó estos derechos junto con los terrenos a Emed Tartessus y la Junta pide que el último titular, MRT, no se oponga a la solicitud de transmisión.
Así están las cosas en un conglomerado que ha movido ya 20 millones de euros de inversión de un total de 51 incluyendo venta de acciones asociadas a Martin Rich Investiment (MRI) y una importante compra a futuro de toneladas de cobre.
Harry Anagnostaras no pierde la paciencia y no se pone un límite para solucionar unos problemas que cree "se pueden solventar" después de atravesar unos años difíciles "cruzados de intereses personales, conspiraciones y traiciones", hasta, dice, conseguir que "prevalezca el interés público".
Para la Comisión Liquidadora, es la Junta quien debe formalizar la polémica "no oposición" y asegura que Carlos Estévez es miembro del órgano en representación de MRT SA pero no tiene voto, de manera que su firma "no es necesaria para ningún trámite" a realizar. La Comisión cree que el problema de fondo es que Emed Tartessus no ha conseguido demostrar ante la Administración su solvencia técnica y económica como adquiriente, un requisito esencial para aprobar la transmisión de cualquier derecho.
huelvainformación
Por un lado, la promotora Rumbo 5.0 y en menor medida Zeitung tienen bloqueado gran parte del desarrollo del proyecto con sus estratégicas posesiones (más de 1.200 hectáreas) vecinas a la explotación. Y por otro la Comisión Liquidadora de MRT se niega a firmar un jurídico documento de "no oposición" necesario para formalizar la propiedad de los derechos mineros. Si ambos, Comisión Liquidadora y Rumbo 5.0, juegan esta baza juntos pueden inflingir a Emed Tartessus daños irreversibles que comprometan la puesta en marcha del Proyecto Río Tinto (PRT).
Y esa estrategia es la que se vislumbra ya desde la multinacional minera.
La promotora Rumbo 5.0 pagó 2,8 millones de euros en 2005 por 1.200 hectáreas en pública subasta. Este terreno comienza detrás del barrio de Bellavista, Vacie del Paraguas y Club de Golf y llega hasta el norte de la población a través de Los Huertos. Además, incluye tierras limítrofes con el Alto de la Mesa, el Dique Sur hasta Peña del Hierro y lindes con Río Tinto Fruit. Su intención, anunciada a través de la promotora inmobiliaria Vía del Atlántico, era meramente urbanística. Rumbo pretendía la creación de un núcleo turístico residencial y aseguró incluso que iba a invertir 200 millones de euros.
Ahora exigen a Emed Mining 20 veces más de lo que pagaron por las 1.200 hectáreas, es decir 60 millones de euros, según ha desvelado el máximo representante de la multinacional en España, Harry Anagnostaras. Las exigencias de los inversores son tan exageradas como irreales.
La directora Legal y de Recursos Humanos de Emed Tartessus, Tara Wales, habla ya sin tapujos de expropiación, lo que necesitaría una declaración previa de interés general.
La compañía asegura que esos terrenos son necesarios para la actividad, pero forman parte de terceros no mineros que los han mantenido en desuso desde hace casi un lustro. Wales advierte que las instalaciones mineras compartidas, entre las que se encuentran balsas de residuos que albergan millones de toneladas de aguas ácidas de mina mezcladas con metales pesados, requieren un mantenimiento continuo muy costoso para preservar la seguridad pública. Y la multinacional denuncia que "estas personas no cumplen con sus obligaciones". Tara Wales recalca en un informe interno que "estamos haciendo el mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo razonable, pero si la legislación minera permite la expropiación por el interés público, de manera que el proyecto pueda ser viable" es una opción.
Las conversaciones mantenidas entre Emed y representantes de Rumbo 5.0 no han dado frutos y se han saldado con un fracaso. Emed Tartessus ha propuesto ahora una tasación independiente y asegura ya abiertamente que si vuelve a fallar el pacto "apostaremos por la expropiación forzosa. Ya se hizo en la mina de Las Cruces y no es ni mucho menos una opción inusual y extraña".
Quien así de rotundo se expresa es Harry Anagnostaras-Adams, consejero de la multinacional minera y máximo responsable del Proyecto Río Tinto.
Pero si la pugna contra los intereses inmobiliarios está siendo dura, más enrevesada parece la transmisión de los derechos mineros. Para la multinacional se trata, sobre todo, de "mala fe" y ponen en la diana de las críticas a Carlos Estévez, ex director general de la mina y diseñador de su final. Junto a él sitúan a otros dos miembros de la Comisión Liquidadora, Fernando Borque y Tomás López, que a juicio de la empresa son los que se niegan a firmar el documento de "no oposición".
Emed adquirió la titularidad de los derechos pero asegura que la Junta de Andalucía tiene que aprobar por vía administrativa la transmisión de esos derechos a la propiedad de Tartessus.
El último propietario de los derechos mineros reconocidos administrativamente es MRT SA, empresa representada por una Comisión Liquidadora. Y a juicio de la multinacional es necesario que declare su no oposición a la transmisión de esos títulos.
MRT vendió estos mismos derechos en subasta pública a Mantesur, que, según la multinacional, nunca pidió la transmisión administrativa. Luego, Mantesur aportó estos derechos junto con los terrenos a Emed Tartessus y la Junta pide que el último titular, MRT, no se oponga a la solicitud de transmisión.
Así están las cosas en un conglomerado que ha movido ya 20 millones de euros de inversión de un total de 51 incluyendo venta de acciones asociadas a Martin Rich Investiment (MRI) y una importante compra a futuro de toneladas de cobre.
Harry Anagnostaras no pierde la paciencia y no se pone un límite para solucionar unos problemas que cree "se pueden solventar" después de atravesar unos años difíciles "cruzados de intereses personales, conspiraciones y traiciones", hasta, dice, conseguir que "prevalezca el interés público".
Para la Comisión Liquidadora, es la Junta quien debe formalizar la polémica "no oposición" y asegura que Carlos Estévez es miembro del órgano en representación de MRT SA pero no tiene voto, de manera que su firma "no es necesaria para ningún trámite" a realizar. La Comisión cree que el problema de fondo es que Emed Tartessus no ha conseguido demostrar ante la Administración su solvencia técnica y económica como adquiriente, un requisito esencial para aprobar la transmisión de cualquier derecho.
huelvainformación
0 comentarios:
Publicar un comentario