La bajada de sueldos salva a los ayuntamientos de los ERE

Las corporaciones de la provincia han comenzado a aplicar las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias · Los salarios suponen hasta el 55% del presupuesto municipal

Carlos López Martín | Actualizado 21.06.2010 - 06:54

Almonte está viviendo especialmente la crisis, es donde más movilización de parados ha habido ante el Ayuntamiento.

Las mancomunidades, en la foto la Minera, sufren recortes de plantilla.

Pleno del Ayuntamiento de Escacena. En el centro Eva Salazar, la primera alcaldesa que recurrió al ERE.

¿Se ha preguntado alguna vez las consecuencias que a nivel político tendría la adopción de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en una corporación municipal? No es necesario conjeturar demasiado para concluir que el alcalde que lo ponga en marcha tendría muy difícil revalidar su cargo y, menos todavía, que no sufriese una debacle en las urnas.

Aun así, hace sólo dos meses algunos concejales de Economía y Hacienda reconocían extraoficialmente que las cuentas no cuadran y que la adopción de un ERE o un ERTE debían de ser una medida inminente… después de los próximos comicios locales. Es más, algunos concluían que era el único camino para garantizar la sostenibilidad de las cuentas una vez que el grifo crediticio se ha cerrado y las aportaciones del estado seguirán en caída libre.

No obstante, estas medidas que habían comenzado a estudiarse han quedado rápidamente aparcadas tras la posibilidad de extrapolar a la administración local las medidas para combatir el déficit público puesto en marcha por el ejecutivo de Zapatero. Un salvavidas al que muchos pretenden agarrarse. De hecho los regidores públicos se frotan las manos con la posibilidad de adoptar una medida que consideraban necesaria y, a la par, cargar parte del coste electoral en el ejecutivo central. En la provincia la veda se ha abierto con Almonte, primer municipio de la provincia que se ha acogido a la medida, de forma que en la nómina de junio el personal laboral verá reducido un 5% sus ingresos y entre un 0,25 y un 15% el de los funcionarios.

No será el único. El alcalde de Bonares, Juan Antonio García, ya ha avanzado que seguirá las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y aplicará de forma inminente el tijeretazo.

Según los sondeos realizados por este periódico, las estimaciones hablan de que, a la larga, la mayor parte de las corporaciones tendrán que tomar alguna de estas medidas, bien sea ahora o con posterioridad a las elecciones municipales. Según detallan, nada hace presagiar que los ingresos vuelvan a ser los de antaño. La tercera vía que se otea era aumentar los ingresos mediante la creación de nuevos impuestos, si bien también se presume costoso en términos electorales, por lo que con la cita en las urnas a la vuelta de la esquina muchos han aconsejado a los suyos poner a dormir la imaginación.

Con todo lo enunciado el camino parece obvio y las medidas insalvables. Como muestra un botón: por norma general los niveles de deuda de las corporaciones no han dejado de crecer en la última década. Ni tan siquiera los ingentes recursos económicos que inyectaban en las arcas municipales los convenios urbanísticos lograron frenar esta espiral de endeudamiento. Ahora que la socorrida recalificación de terrenos como vehículo con el que cuadrar los presupuestos ha desaparecido, las telarañas de las cajas municipales han comenzado a aflorar.

Cualquier ejemplo es válido. En Manzanilla, con cerca de 2.500 habitantes, el capítulo de personal consume el 55% del presupuesto municipal, y eso que tan sólo mantiene en nómina a 26 trabajadores. Su alcalde, Cristóbal Carrillo, considera que los niveles de endeudamiento y la contenida plantilla no hacen presagiar la necesidad de aplicar un ERE o ERTE, aun a pesar de las "dificultades" que entraña gestionar en esta difícil coyuntura económica.

Pero si este pueblo mantiene ciertas dificultades para sostener una plantilla con 26 trabajadores, ayuntamientos como Almonte, con una media cercana al millar, adscritos a la gestión municipal y a las empresas municipales, no ha tenido más remedio que echar mano de la rebaja de sueldos. Ni tan siquiera la ingente cantidad de recursos que generan Doñana, El Rocío o Matalascañas hace posible este milagro. Hasta hace unos años la continua recalificación de suelo y la suscripción de numerosos convenios urbanísticos les rentaban a las arcas municipales pingues beneficios, como refrenda el hecho de que en la anterior legislatura se firmasen operaciones por las que debería haber ingresado más de siete millones de euros.

A nadie escapa que las corporaciones que peor lo están pasando son las de los núcleos costeros. Hasta hace unos años eran envidiados por sus vecinos por la capacidad para generar ingentes recursos en comunión con el sector inmobiliario. Un modelo que dejó un dardo envenenado: una plantilla sólo viable de mantener en el tiempo con esos ya lejanos niveles de ingresos. Las consecuencias no se han hecho esperar. En Cartaya los socialistas se ven obligados a pagar con retraso las nóminas; en Moguer los populares afrontan una subida del 40% en el Impuesto de Bienes e Inmuebles y del 50% en el de Circulación; en Lepe se arrastran cuantiosas deudas con los proveedores, mientras que Matalascañas ha visto como la presión fiscal también se hacía aun más asfixiante.

Entre tanto en el Condado, con plantillas más comedidas, el agua parece haberse convertido en el nuevo maná para inyectar de ingresos las arcas. En Hinojos, gobernado por IU, se ha privatizado el servicio del agua, al igual que en Bollullos (PP y no adscritos), donde el retraso en las pagas extras también es una tónica habitual. En Lucena del Puerto se negocia tanto con Aqualia como la posibilidad de permanecer en MAS. Precisamente esta mancomunidad ya ofrece a todos los ayuntamientos una retribución del 5% de los tributos generados por la recogida de residuos sólidos y el 1,5% en la factura del agua.

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