EDITADO EN HUELVA INFORMACION
El proyecto de Emed Tartessus para reabrir la línea del cobre, justificado por la cotización de la tonelada de este metal, que el 1 de noviembre alcanzaba los 8.330 dólares (en el instante del cierre se suspiraba por una valoración de 1.500 dólares), se halla inmerso en una oscura trama, con actores que, en un marco de despropósitos, no están por la labor de hacer ningún favor a una comarca que derrama lágrimas de sangre en forma de desempleo. Tres miembros de la Comisión Liquidadora de MRT (dos de ellos vecinos de la zona, su presidente, Tomás López, y Fernando Borque, El Maño, acechados por el omnipresente Carlos Estévez, el que fuera gestor de la compañía y componente de la Comisión en calidad de director facultativo, sin voto, aunque parece que sí con voz, rehusan firmar la transmisión de los derechos mineros que exige la Junta de Andalucía para emitir su luz verde.
No es éste el único obstáculo. La filial de Emed Mining se ha topado, además, con la opacidad de Rumbo 5.0 y Construcciones Zeitung. Ambas sociedades reclamaban a Tartessus unos 60 millones de euros por la venta de las propiedades que envuelven a la mina, vitales por la presencia de las balsas de estériles. La compañía de chipriota ofreció 10 millones, un capital "generoso" si se tiene en cuenta que Rumbo 5.0 (que aterrizó en la Cuenca representada por el reputado catedrático de Derecho Constitucional Francisco Javier Pérez Rollo), sólo se gastó 2,8 millones en la adquisición de las 1.196 hectáreas de uno de los paquetes de fincas sacados a concurso por la Seguridad Social para la enajenación de los bienes de MRT. Y Emed sólo requiere el suelo de incidencia minera.
La Junta, por su parte, no está dispuesta a dejar en el aire ni el más ínfimo fleco en una explotación que le obligó, no sin antes arrojar ingentes cantidades de subvenciones a fondo perdido, a tutelar un plan de prejubilaciones masivas sin precedentes. No obstante, bajo el punto de vista de voces muy próximas al conflicto, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia cae en una especie de exceso de celo que puede confundirse con "falta de voluntad", pues Joaquín Narbona y Jorge Díaz del Río, que ya estamparon su rúbrica sobre el documento de cesión de las licencias en el momento de la irrupción de Mantesur Andévalo, "contaban con un poder notarial que les validaba para ratificar los acuerdos de la Comisión". De este modo, dichos derechos ya no estarían en manos de la entidad liquidadora de MRT.
Pero todo este entramado puede solventarse por medio de otra vía, la de la expropiación de los terrenos y el rescate de los derechos mineros, una alternativa amparada por el interés general. Desde el Gobierno andaluz aducen, sin embargo, que el proceso podría entrar en un agotador laberinto de recursos que retrasaría seis ó siete años el arranque de la actividad. En cambio, desde la comarca aseveran que, si la apuesta es firme, esa acción puede tramitarse con la máxima celeridad, como también "se superaron todos los impedimentos existentes en su día para prejubilar a mineros con poco más de 40 años de edad".
La lectura de todo este galimatías parece claro: Junta, Comisión Liquidadora y Emed están condenados a entenderse. Nada debería evitarlo, pues los representantes de los acreedores de MRT ya manifestaron su pretensión de "solucionar el complejo contencioso que rodea a la titularidad de los derechos de explotación del subsuelo de Río Tinto por medio de una mesa de negociación". La interrogante: qué o cuánto piden como recompensa por su colaboración.
El proyecto de Emed Tartessus para reabrir la línea del cobre, justificado por la cotización de la tonelada de este metal, que el 1 de noviembre alcanzaba los 8.330 dólares (en el instante del cierre se suspiraba por una valoración de 1.500 dólares), se halla inmerso en una oscura trama, con actores que, en un marco de despropósitos, no están por la labor de hacer ningún favor a una comarca que derrama lágrimas de sangre en forma de desempleo. Tres miembros de la Comisión Liquidadora de MRT (dos de ellos vecinos de la zona, su presidente, Tomás López, y Fernando Borque, El Maño, acechados por el omnipresente Carlos Estévez, el que fuera gestor de la compañía y componente de la Comisión en calidad de director facultativo, sin voto, aunque parece que sí con voz, rehusan firmar la transmisión de los derechos mineros que exige la Junta de Andalucía para emitir su luz verde.
No es éste el único obstáculo. La filial de Emed Mining se ha topado, además, con la opacidad de Rumbo 5.0 y Construcciones Zeitung. Ambas sociedades reclamaban a Tartessus unos 60 millones de euros por la venta de las propiedades que envuelven a la mina, vitales por la presencia de las balsas de estériles. La compañía de chipriota ofreció 10 millones, un capital "generoso" si se tiene en cuenta que Rumbo 5.0 (que aterrizó en la Cuenca representada por el reputado catedrático de Derecho Constitucional Francisco Javier Pérez Rollo), sólo se gastó 2,8 millones en la adquisición de las 1.196 hectáreas de uno de los paquetes de fincas sacados a concurso por la Seguridad Social para la enajenación de los bienes de MRT. Y Emed sólo requiere el suelo de incidencia minera.
La Junta, por su parte, no está dispuesta a dejar en el aire ni el más ínfimo fleco en una explotación que le obligó, no sin antes arrojar ingentes cantidades de subvenciones a fondo perdido, a tutelar un plan de prejubilaciones masivas sin precedentes. No obstante, bajo el punto de vista de voces muy próximas al conflicto, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia cae en una especie de exceso de celo que puede confundirse con "falta de voluntad", pues Joaquín Narbona y Jorge Díaz del Río, que ya estamparon su rúbrica sobre el documento de cesión de las licencias en el momento de la irrupción de Mantesur Andévalo, "contaban con un poder notarial que les validaba para ratificar los acuerdos de la Comisión". De este modo, dichos derechos ya no estarían en manos de la entidad liquidadora de MRT.
Pero todo este entramado puede solventarse por medio de otra vía, la de la expropiación de los terrenos y el rescate de los derechos mineros, una alternativa amparada por el interés general. Desde el Gobierno andaluz aducen, sin embargo, que el proceso podría entrar en un agotador laberinto de recursos que retrasaría seis ó siete años el arranque de la actividad. En cambio, desde la comarca aseveran que, si la apuesta es firme, esa acción puede tramitarse con la máxima celeridad, como también "se superaron todos los impedimentos existentes en su día para prejubilar a mineros con poco más de 40 años de edad".
La lectura de todo este galimatías parece claro: Junta, Comisión Liquidadora y Emed están condenados a entenderse. Nada debería evitarlo, pues los representantes de los acreedores de MRT ya manifestaron su pretensión de "solucionar el complejo contencioso que rodea a la titularidad de los derechos de explotación del subsuelo de Río Tinto por medio de una mesa de negociación". La interrogante: qué o cuánto piden como recompensa por su colaboración.
0 comentarios:
Publicar un comentario