EDITADO EN HUELVA INFORMACION
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha anunciado este lunes que ha quedado desbloqueada la cesión de derechos administrativos de explotación de la mina de Riotinto, en la localidad onubense de Minas de Riotinto y cuya representación ostenta la Comisión Liquidadora.
Ávila ha realizado este anuncio tras mantener una reunión, que ha sido adelantada varios días, con el presidente de la Mancomunidad Cuenca Minera y alcalde de Zalamea la Real (Huelva), Vicente Zarza; junto con los primeros ediles de los municipios onubenses de Campofrío, José Julio González; Berrocal, Juan Jesús Bermejo; Minas de Riotinto, Nuria Hernández; y Nerva, Domingo Domínguez. Asimismo, en el encuentro ha participado la parlamentaria Susana Rivas.
Ávila ha subrayado el "interés manifiesto" de la Junta en el desarrollo de la minería metálica, constituyéndose como "yacimientos tradicionales importantes que dejaron de explotarse por la caída de su rentabilidad y que ahora se replantea su reapertura". En este sentido, apunta al aumento del precio del cobre y el descenso de costes procurado por las mejoras tecnológicas.
Sin embargo, ha advertido que en Riotinto el proceso es "más complejo" para su regularización, ya que Minas de Riotinto cuenta con los derechos de explotación, gestionados por la Comisión Liquidadora, "que no ha facilitado esta situación"; mientras que EMED Tartessus, dueña de la mayoría de los terrenos, solicita su explotación. Así, explica que la normativa minera requiere en primer lugar la acreditación legal del solicitante que permite evaluar la solvencia técnica y económica de un proyecto minero viable. En este caso, EMED Tartessus, cuyo proyecto prevé unos 1.500 empleos, de los que 450 son directos, ha requerido "en numerosas ocasiones la conformidad de la citada Comisión Liquidadora como actual titular de los derechos, sin que ello fuera posible y mostrando esta una obstaculización continuada en el proceso".
El día 1 de febrero de 2011 la Junta instó a la Comisión Liquidadora a que se pronunciase sobre este asunto, "entendiendo que no había posibilidad de entendimiento entre las partes y hay una responsabilidad de la Administración sobre el dominio minero". Ante esta solicitud y tras el análisis de los escritos recibidos, la Junta concluye que se puede continuar con el procedimiento de transmisión de derechos", sentencia Ávila, que advierte que la Comisión no ha respondido "en tiempo y forma".
Tras este paso, los trámites de autorización continúan con el análisis técnico, los informes y evaluaciones ambientales, y el análisis económico del proyecto presentado, que además deberá analizarse por parte de diversos organismos especializados.
Los avales antes de iniciar los trabajos de reapertura
Del mismo modo, los avales de restauración y garantías sociales correspondientes deberán ser depositados de forma previa a la autorización del inicio de los trabajos de reapertura, cuyos trámites se llevarán a cabo de forma "ágil y rigurosa". "La puesta en marcha de la actividad minera deberá realizarse con todas las garantías técnicas de seguridad y de protección ambiental, y cumpliendo los requisitos marcados por ley", señala Ávila.
En este sentido, deja clara la "especial importancia" de estos avales de carácter social, ya que la viabilidad de este yacimiento "que está muy explotado y es de baja ley estará fuertemente condicionada por las oscilaciones de precios en el mercado de los metales, por lo que es probable que experimente periodos de actividad y de cierre". Así, hay que tener en cuenta que cuenta con un 0,5 por ciento de cobre, frente al 6,6 por ciento de Cobre Las Cruces o el 1,7 por ciento de Aguas Teñidas).
La Junta exigirá de este modo a la empresa garantías sociales "suficientes para que esta asuma en exclusiva las correspondientes compensaciones en los periodos de inactividad".
El consejero ha afirmado que se está en el "momento oportuno" y que desde la Junta de Andalucía se ha apoyado el desarrollo de esta minería, con proyectos como el de Aguas Teñidas en Huelva o Cobre Las Cruces (CLC), en Sevilla, que suponen unos 1.500 puestos de trabajo y más de 1.000 millones de inversión.
"Como agua de mayo"
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad Cuenca Minera y alcalde de Zalamea la Real, Vicente Zarza, ha subrayado el trabajo realizado para solucionar una situación "que se enquistaba en la comarca" y que ha llegado "como agua de mayo" para poner en marcha iniciativas que impulsen la zona a corto plazo.
Zarza ve así un día "importante" para la comarca y apuesta por impulsar un proyecto que "ilusiona" y que pondría en explotación una mina "a la que la actividad de la zona ha estado siempre ligada". "Es una iniciativa muy importante para reactivar la zona y hay que reconocer el esfuerzo de la Junta", insiste el primer edil onubense, que recuerda que la situación ha sido provocada desde el sector público y no desde la Administración.
"Con el precio del cobre, era incongruente que el entramado jurídico impidiera dar el pistoletazo para que la empresa demostrara su solvencia", añade Zarza, que espera que esta nueva situación deje "satisfechos" a todos los sectores. En este marco, esta tarde la Mancomunidad mantendrá una reunión con industriales, comerciantes, sindicatos y alcaldes de la comarca para plantearles esta nueva situación.
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha anunciado este lunes que ha quedado desbloqueada la cesión de derechos administrativos de explotación de la mina de Riotinto, en la localidad onubense de Minas de Riotinto y cuya representación ostenta la Comisión Liquidadora.
Ávila ha realizado este anuncio tras mantener una reunión, que ha sido adelantada varios días, con el presidente de la Mancomunidad Cuenca Minera y alcalde de Zalamea la Real (Huelva), Vicente Zarza; junto con los primeros ediles de los municipios onubenses de Campofrío, José Julio González; Berrocal, Juan Jesús Bermejo; Minas de Riotinto, Nuria Hernández; y Nerva, Domingo Domínguez. Asimismo, en el encuentro ha participado la parlamentaria Susana Rivas.
Ávila ha subrayado el "interés manifiesto" de la Junta en el desarrollo de la minería metálica, constituyéndose como "yacimientos tradicionales importantes que dejaron de explotarse por la caída de su rentabilidad y que ahora se replantea su reapertura". En este sentido, apunta al aumento del precio del cobre y el descenso de costes procurado por las mejoras tecnológicas.
Sin embargo, ha advertido que en Riotinto el proceso es "más complejo" para su regularización, ya que Minas de Riotinto cuenta con los derechos de explotación, gestionados por la Comisión Liquidadora, "que no ha facilitado esta situación"; mientras que EMED Tartessus, dueña de la mayoría de los terrenos, solicita su explotación. Así, explica que la normativa minera requiere en primer lugar la acreditación legal del solicitante que permite evaluar la solvencia técnica y económica de un proyecto minero viable. En este caso, EMED Tartessus, cuyo proyecto prevé unos 1.500 empleos, de los que 450 son directos, ha requerido "en numerosas ocasiones la conformidad de la citada Comisión Liquidadora como actual titular de los derechos, sin que ello fuera posible y mostrando esta una obstaculización continuada en el proceso".
El día 1 de febrero de 2011 la Junta instó a la Comisión Liquidadora a que se pronunciase sobre este asunto, "entendiendo que no había posibilidad de entendimiento entre las partes y hay una responsabilidad de la Administración sobre el dominio minero". Ante esta solicitud y tras el análisis de los escritos recibidos, la Junta concluye que se puede continuar con el procedimiento de transmisión de derechos", sentencia Ávila, que advierte que la Comisión no ha respondido "en tiempo y forma".
Tras este paso, los trámites de autorización continúan con el análisis técnico, los informes y evaluaciones ambientales, y el análisis económico del proyecto presentado, que además deberá analizarse por parte de diversos organismos especializados.
Los avales antes de iniciar los trabajos de reapertura
Del mismo modo, los avales de restauración y garantías sociales correspondientes deberán ser depositados de forma previa a la autorización del inicio de los trabajos de reapertura, cuyos trámites se llevarán a cabo de forma "ágil y rigurosa". "La puesta en marcha de la actividad minera deberá realizarse con todas las garantías técnicas de seguridad y de protección ambiental, y cumpliendo los requisitos marcados por ley", señala Ávila.
En este sentido, deja clara la "especial importancia" de estos avales de carácter social, ya que la viabilidad de este yacimiento "que está muy explotado y es de baja ley estará fuertemente condicionada por las oscilaciones de precios en el mercado de los metales, por lo que es probable que experimente periodos de actividad y de cierre". Así, hay que tener en cuenta que cuenta con un 0,5 por ciento de cobre, frente al 6,6 por ciento de Cobre Las Cruces o el 1,7 por ciento de Aguas Teñidas).
La Junta exigirá de este modo a la empresa garantías sociales "suficientes para que esta asuma en exclusiva las correspondientes compensaciones en los periodos de inactividad".
El consejero ha afirmado que se está en el "momento oportuno" y que desde la Junta de Andalucía se ha apoyado el desarrollo de esta minería, con proyectos como el de Aguas Teñidas en Huelva o Cobre Las Cruces (CLC), en Sevilla, que suponen unos 1.500 puestos de trabajo y más de 1.000 millones de inversión.
"Como agua de mayo"
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad Cuenca Minera y alcalde de Zalamea la Real, Vicente Zarza, ha subrayado el trabajo realizado para solucionar una situación "que se enquistaba en la comarca" y que ha llegado "como agua de mayo" para poner en marcha iniciativas que impulsen la zona a corto plazo.
Zarza ve así un día "importante" para la comarca y apuesta por impulsar un proyecto que "ilusiona" y que pondría en explotación una mina "a la que la actividad de la zona ha estado siempre ligada". "Es una iniciativa muy importante para reactivar la zona y hay que reconocer el esfuerzo de la Junta", insiste el primer edil onubense, que recuerda que la situación ha sido provocada desde el sector público y no desde la Administración.
"Con el precio del cobre, era incongruente que el entramado jurídico impidiera dar el pistoletazo para que la empresa demostrara su solvencia", añade Zarza, que espera que esta nueva situación deje "satisfechos" a todos los sectores. En este marco, esta tarde la Mancomunidad mantendrá una reunión con industriales, comerciantes, sindicatos y alcaldes de la comarca para plantearles esta nueva situación.
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