Los miembros de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para el Desarrollo de un plan de actuación sobre el empleo en la Cuenca Minera han reclamado nuevamente que la Administración andaluza "debe potenciar las actuaciones que lleven al desbloqueo de la actual paralización del proceso de apertura de Minas de Río Tinto". La petición de este foro es significativa pues de él forman parte los alcaldes de los pueblos mineros incluidos en la Mancomunidad, los sindicatos CCOO, UGT y la Federación Onubense de Empresarios (FOE).
Su reacción se produce después de que la comarca viviera una nueva movilización por el empleo, a la que se sumaron centenares de vecinos en Nerva, y tras abrir la mina, a través de la Federación de Industrias Afines de UGT, un proceso de preselección de personal laboral al que se presentaron cerca de 2.000 aspirantes en una zona que soporta la tasa de desempleo más alta de la provincia. También tienen en cuenta los bloqueos provocados por las propiedades inactivas de Rumbo 5.0 y Zeitung.
La Comisión coincidió también en la urgencia de seguir incidiendo para que el futuro parque empresarial comarcal se incluya en el programa de suelos productivos de Andalucía antes del próximo verano.
Mientras tanto, la multinacional Emed Mining continúa con su objetivo de "responder adecuadamente a los requerimientos de la planificación operativa para comenzar a producir en 2011", según asegura la firma minera en su último boletín interno.
William Enrico, consejero delegado, señala las tierras de Rumbo 5.0 que bloquean la mina.
Los cambios que ha establecido incluyen a Demetrios Constatinidis como consejero-director de Permisos y a Rob Williams como consultor del Proyecto Río Tinto (PRT). Otras iniciativas recientes añaden la contratación de consultorías especializadas como Eygema, Eptisa, CGS, Applus y AMC. Si se incluye el equipo del PRT y esta lista de especialistas, el proyecto minero cuenta actualmente con 45 especialistas técnicos trabajando en sus respectivas tareas "para hacer del PRT una realidad en 2011".
En su boletín de comunicación, Emed Mining mantiene firme su compromiso de "convertir Riotinto en su centro internacional de operaciones ".
La compañía tiene intención de construir un equipo humano de más de 300 personas y su compromiso es que el 95% sea de la Cuenca.
Las últimas peticiones recibidas por Emed llegan de Industria, que ha requerido información sobre los planes de mina, escombreras, balsas de estériles, sistemas de seguridad y rehabilitación medioambiental.
Emed ha decidido mantener su calendario y entre los meses de abril y diciembre de 2010 continuará con su procedimiento de información pública y la aprobación administrativa de derechos mineros y permisos de operación.
Para el segundo semestre de 2010 deja la aprobación de los accionistas y la ejecución del plan de arranque para a principios de 2011 iniciar su producción.
Los directivos de la compañía minera siguen con sus periplos empresariales por Riotinto. Así, a lo largo de los últimos meses los consejeros de Emed Mining han realizado trabajos de inspección y seguridad en las instalaciones.
El presidente del comité de riesgos laborales de la compañía, Gordon Toll, aseguró durante su visita a la mina que "el objetivo es reforzar los planes de seguridad a causa del aumento de personal y equipos que el PRT experimentará conforme se acerque el inicio de la producción". Toll también apostó por "ver formalizados los acuerdos de acceso a las propiedades contiguas, donde venimos llevando a cabo todas las labores de mantenimiento de la seguridad pública, que se han redoblado en este período de lluvias histórico".
Toll abordaba la delicada herencia minera dejada en la zona tras la subasta pública de los terrenos de Minas de Riotinto. Al fin y al cabo una inversión de más de 100 millones de euros se ve coartada por varios grupos inmobiliarios (Rumbo 5.0 y Zeitung, entre otros) que se hicieron con la reparcelación de los terrenos. Un troceo que a la postre impide el laboreo minero y metalúrgico con garantías de rentabilidad y negocio.
Cada vez son más voces políticas y sociales, además de la propia empresa minera, las que piden que se recurra a las expropiaciones. Pero para poner en marcha ese procedimiento se necesita la colaboración activa de la Junta de Andalucía.
Rumbo 5.0 tiene bloqueadas 1.200 hectáreas improductivas de terrenos en el término riotinteño, una zona clave. Sus parcelaciones coartan las salidas naturales de la producción minera hacia las presas de Aguzadera, Gossan y Cobre. El territorio comienza detrás del barrio de Bellavista y se extiende hasta el norte, bordeando las cortas y zonas extractivas.
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