Izquierda Unida exigió ayer al Gobierno andaluz que cumpla con el compromiso al que llegó con el colectivo de ex mineros de las empresas que se quedaron sin actividad tras la crisis de la minería onubense para que a estos se les facilite un empleo “estable”. Por su parte, el sindicato CCOO denunció que existen prejubilados de la minería “trabajando en empresas privadas”.
IU reclama que el órgano de seguimiento y control de cumplimiento de dicho acuerdo, en el que están representados los sindicatos UGT y CCOO, continúe en funcionamiento con el fin de consensuar y fijar los criterios para llevar a bien los procesos de recolocación estable de este colectivo.
Según recordó en una nota IU, los ex mineros han iniciado un periodo de movilizaciones ante los incumplimientos de la Junta de Andalucía de este acuerdo y han mantenido un encuentro con el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, que llevará sus demandas al Parlamento Andaluz.
Al respecto, el 2 de noviembre de 2004 se firmó, como consecuencia del cierre de la actividad minera en la Faja Pirítica de Huelva un protocolo de colaboración entre la Delegación del Gobierno de la Junta, la Consejería de Innovación, la Consejería de Empleo y las organizaciones sindicales UGT y CCOO.
El objeto de dicho acuerdo era atender la problemática social motivada por el cierre de la minería: MRT SA, Almagrera SA, Navan Resources, Filon Sur y Nueva Tharsis SAL, así como la situación de los colectivos especiales de ‘Bolsa de Tharsis’ e Insersa.
Según IU, en el punto 3 de dicho acuerdo se decía textualmente: “La Junta de Andalucía se compromete a articular las medidas necesarias para facilitar la colocación estable de todos los trabajadores que opten por la recolocación, en las empresas que se instalen o existan dentro de la zona objeto de dicho protocolo, y si hubiese posibilidades en empresas de zonas limítrofes, en puestos de trabajo acordes con la cualificación profesional que demanden las empresas y que los trabajadores tengan o adquieran a través de la formación profesional ocupacional que se imparta”.
Este compromiso se establecía con 70 ex mineros que desde entonces participan en cursos de formación remunerados o planes de empleo. En la actualidad, estos trabajadores ven “como la administración andaluza comienza a incumplir los compromisos, en una escalada que parece querer terminar en la desvinculación de los compromisos adquiridos”.
Para ello, según explicó IU, “los representantes de la Junta incluso utilizan mensajes que no se corresponden con la realidad como que se ha ofrecido recolocaciones que no han sido aceptadas”, y se utilizan “estrategias de división del colectivo” como el intento último con la empresa Matsa dejando “desamparados” a 30 trabajadores “sin esperanza de ser recolocados de manera estable”.
Denuncia de CCOO. El sindicato Comisiones Obreras exigió ayer a la Junta de Andalucía que “actué contundentemente” contra los prejubilados de la minería que han estado y están trabajando en empresas privadas, dados de alta en la seguridad social, a la misma vez que siguen cobrando sus pólizas de prejubilación las cuales son sufragadas con dinero público, recordando hace casi dos años que tiene estos hechos denunciados ante la Junta de Andalucía.
CCOO indicó que no comprende cómo la Junta alega falta de liquidez económica para el cumplimiento de los acuerdos, y sin embargo “no hace nada para remediar lo denunciado anteriormente”.
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