La oferta del Ayuntamiento pretendía acabar con las protestas contra la política de contratación · La alcaldesa alega que cada año trabajan 150 personas distintas
P. P. O./ El Campillo, el campillo | Actualizado 30.05.2010 - 05:01
Las obras de la calle Sevilla para consolidar el centro comercial abierto de El Campillo.
El PSOE ha reaccionado a la reciente sucesión de protestas emprendidas por un nutrido grupo de desempleados de El Campillo contra lo que consideran una política de contratación "injusta" por la que "siempre trabajan los mismos en el Ayuntamiento" con una propuesta sin precedentes. La alcaldesa, la socialista Encarnación Palazuelo, en una reunión mantenida con cerca de medio centenar de personas con el fin de escuchar sus inquietudes y calmar los ánimos, ha planteado la creación de una Comisión de Empleo en la que sean los mismos parados, a través de una representación elegida por ellos mismos, con la colaboración de los delegados sindicales de la plantilla municipal, los que administren la Bolsa de Empleo del Consistorio minero. Una oferta de autogestión que, al menos de momento, se ha topado con el rechazo del colectivo, que sostiene que daría lugar a "discordancias internas". Bajo las declaraciones de su portavoz, José María Díaz, "basta con la implantación de un sistema de rotaciones por el que se haga un mayor reparto de las peonadas".
La primera acción de ese comité sería el registro de la vida laboral de cada uno de los inscritos, un documento al que el Ayuntamiento sumaría el historial laboral municipal de cada uno de ellos. El objetivo, que en todo proceso de selección que se lleve a cabo gocen de prioridad aquellas personas que, una vez cumplido el perfil profesional requerido, en menos ocasiones hayan pertenecido a la nómina del Consistorio. Los parados serían los que, en función de ese criterio y sin la injerencia de ningún grupo político, designarían a quienes cubrirían las plazas. Un sistema que, en palabras de Palazuelo, "disiparía cualquier género de dudas". De hecho, así, la siempre presumida sombra del enchufismo o de los supuestos tratos preferentes que acechan a todo equipo de Gobierno, en especial en pueblos pequeños, carecería de argumentos en El Campillo. Las sospechas, los recelos y las envidias siempre recaerían sobre la cabeza de los propios desempleados.
La alcaldesa no dudó en defender su gestión en materia de empleo, avalada por la "permanente rotación" de personas en la firma de los contratos laborales desde que arrancara el actual mandato municipal en 2007. Una estrategia que, según sus estimaciones, "ha derivado en el paso de una media de 150 vecinos distintos por la plantilla del Ayuntamiento cada año".
Pero las opiniones difieren al sondear a los parados, que lamentan que un mismo ciudadano se perpetúe en un puesto durante periodos de seis meses o un año en lugar de que transiten por él varios campilleros para dar oxígeno a las maltrechas economías de una mayor cantidad de familias. Así lo expresó José María Díaz, quien pide que se tengan más en cuenta las circunstancias reales de cada casa a la hora de cubrir cualquier vacante, así como que se ejerza toda la presión posible sobre las empresas privadas adjudicatarias de proyectos de envergadura como el del campo de fútbol o sobre Río Tinto Fruit para que apuesten de un modo decidido por la contratación de mano de obra autóctona. Todo ello, sin olvidar una "actitud vigilante" para que programas estatales y autonómicos como el Plan E o el Proteja "tengan la máxima incidencia en el pueblo".
Tras manifestar que "entiendo la difícil situación, muchas veces desesperada, por la que atraviesa un gran número de familias en el actual contexto de crisis que azota a todo el país y, más si cabe, a la Cuenca Minera", Palazuelo espetó, bajo un tono grave y rotundo, que no consentirá que las reivindicaciones "legítimas" de un grupo de parados sometan, en última instancia, a otros trabajadores a un verdadero escarnio público. "Admito que se demande trabajo, pero no que, a cambio, se reclame el despido de nadie", aseveró.
Una sentencia que responde, entre otras, a las acusaciones vertidas hacia un operario que, presuntamente, se encarga de conducir cada día un camión propiedad del Consistorio sin disponer del pertinente permiso con la "complicidad" de la Policía Local; o a los ataques a un agente de este cuerpo de seguridad que, al no poder desarrollar sus funciones habituales por invalidez, ejerce el papel de conserje en el CEIP La Rábida.
De momento, no hay nada definitivo. El conflicto sigue en el aire y la propuesta lanzada por la regidora, en la mesa. El próximo capítulo está previsto para el viernes 4 de junio, fecha en la que los desempleados que han encabezado las concentraciones a las puertas del Ayuntamiento, entre los que, precisamente, como recuerdan desde las filas socialistas, se encuentran algunos vecinos que, con frecuencia, han formado parte de la plantilla municipal o, incluso, han rehusado pertenecer a ella en determinadas ocasiones, están convocados a una nueva reunión con la alcaldesa y representantes sindicales de UGT y CCOO.
Eso sí, la inicial declinación de los parados ante la "tentadora" oferta de constituir una comisión en la que su voz y su voto serían decisivos en el rumbo de la Bolsa de Empleo, hace sospechar a Encarnación Palazuelo que en la trastienda de las movilizaciones se halla el brazo "agitador, oportunista e interesado" tanto del PA como del reorganizado PP, que "no dudan en aprovechar las desgracias ajenas para sacar rédito electoral".
huelvainformación
La primera acción de ese comité sería el registro de la vida laboral de cada uno de los inscritos, un documento al que el Ayuntamiento sumaría el historial laboral municipal de cada uno de ellos. El objetivo, que en todo proceso de selección que se lleve a cabo gocen de prioridad aquellas personas que, una vez cumplido el perfil profesional requerido, en menos ocasiones hayan pertenecido a la nómina del Consistorio. Los parados serían los que, en función de ese criterio y sin la injerencia de ningún grupo político, designarían a quienes cubrirían las plazas. Un sistema que, en palabras de Palazuelo, "disiparía cualquier género de dudas". De hecho, así, la siempre presumida sombra del enchufismo o de los supuestos tratos preferentes que acechan a todo equipo de Gobierno, en especial en pueblos pequeños, carecería de argumentos en El Campillo. Las sospechas, los recelos y las envidias siempre recaerían sobre la cabeza de los propios desempleados.
La alcaldesa no dudó en defender su gestión en materia de empleo, avalada por la "permanente rotación" de personas en la firma de los contratos laborales desde que arrancara el actual mandato municipal en 2007. Una estrategia que, según sus estimaciones, "ha derivado en el paso de una media de 150 vecinos distintos por la plantilla del Ayuntamiento cada año".
Pero las opiniones difieren al sondear a los parados, que lamentan que un mismo ciudadano se perpetúe en un puesto durante periodos de seis meses o un año en lugar de que transiten por él varios campilleros para dar oxígeno a las maltrechas economías de una mayor cantidad de familias. Así lo expresó José María Díaz, quien pide que se tengan más en cuenta las circunstancias reales de cada casa a la hora de cubrir cualquier vacante, así como que se ejerza toda la presión posible sobre las empresas privadas adjudicatarias de proyectos de envergadura como el del campo de fútbol o sobre Río Tinto Fruit para que apuesten de un modo decidido por la contratación de mano de obra autóctona. Todo ello, sin olvidar una "actitud vigilante" para que programas estatales y autonómicos como el Plan E o el Proteja "tengan la máxima incidencia en el pueblo".
Tras manifestar que "entiendo la difícil situación, muchas veces desesperada, por la que atraviesa un gran número de familias en el actual contexto de crisis que azota a todo el país y, más si cabe, a la Cuenca Minera", Palazuelo espetó, bajo un tono grave y rotundo, que no consentirá que las reivindicaciones "legítimas" de un grupo de parados sometan, en última instancia, a otros trabajadores a un verdadero escarnio público. "Admito que se demande trabajo, pero no que, a cambio, se reclame el despido de nadie", aseveró.
Una sentencia que responde, entre otras, a las acusaciones vertidas hacia un operario que, presuntamente, se encarga de conducir cada día un camión propiedad del Consistorio sin disponer del pertinente permiso con la "complicidad" de la Policía Local; o a los ataques a un agente de este cuerpo de seguridad que, al no poder desarrollar sus funciones habituales por invalidez, ejerce el papel de conserje en el CEIP La Rábida.
De momento, no hay nada definitivo. El conflicto sigue en el aire y la propuesta lanzada por la regidora, en la mesa. El próximo capítulo está previsto para el viernes 4 de junio, fecha en la que los desempleados que han encabezado las concentraciones a las puertas del Ayuntamiento, entre los que, precisamente, como recuerdan desde las filas socialistas, se encuentran algunos vecinos que, con frecuencia, han formado parte de la plantilla municipal o, incluso, han rehusado pertenecer a ella en determinadas ocasiones, están convocados a una nueva reunión con la alcaldesa y representantes sindicales de UGT y CCOO.
Eso sí, la inicial declinación de los parados ante la "tentadora" oferta de constituir una comisión en la que su voz y su voto serían decisivos en el rumbo de la Bolsa de Empleo, hace sospechar a Encarnación Palazuelo que en la trastienda de las movilizaciones se halla el brazo "agitador, oportunista e interesado" tanto del PA como del reorganizado PP, que "no dudan en aprovechar las desgracias ajenas para sacar rédito electoral".
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