EDITADO EN HUELVA INFORMACION
Emed Mining y su filial Emed Tartessus son los propietarios de gran parte de los terrenos que ocupa la explotación minera de Riotinto. Así lo pone en las escrituras. Pero ¿podrían explotar los tajos, las cortas y extraer mineral de las entrañas de la Cuenca Minera? Hoy por hoy resulta imposible. Sólo pueden trabajar en superficie y el cobre está bajo tierra.
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, confirmó ayer que Emed no es propietaria del subsuelo pues para ello le hace falta obtener y escriturar a su nombre los derechos mineros (en manos de los seis miembros de la Comisión Liquidadora) la concesión y la autorización de la Junta de Andalucía. Esta no puede darle el sí porque los derechos administrativos aún constan en los registros a favor de la última concesionaria, MRT SA, la heredera surgida de la empresa Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral (SAL), que llegó a ser y es propiedad de algunos de los 600 trabajadores que operaban allí hace más de diez años.
De nada sirve que la empresa diga que posee los derechos mineros porque la mayoría de la Comisión Liquidadora se los ha traspasado porque a la Junta no le consta en ninguna escritura. Emed confirmó en una reunión con los alcaldes que cuatro de los seis miembros de este organismo firmaron una carta de no oposición a la transmisión de derechos mineros: Narciso García, Joaquín Arbona, Jorge Díaz del Río y Tomás López. Y que dos no rubricaban el escrito, Carlos Estévez y Fernando Borque.
Pero la Junta de Andalucía ha solicitado una nueva aclaración por si dos de los firmantes en 2008 se han echado atrás. Y pide que la declaración sea mancomunada.
Retrotrae la propiedad a MRT SA, lo que acerca los títulos al denostado y perseguido por la Justicia Carlos Estévez, el gran liquidador de los activos de la compañía minera. Entonces, hace diez años, nadie la quiso. La tonelada de cobre valía poco menos de 1.400 dólares. Ahora, cotizando a 9.400 dólares,todo son pretendientes.
La Administración se agarra a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 24 de noviembre de 2008 que avaló su autoridad para permitir o no el uso del dominio público en lo referente a los yacimientos mineros.
Jiménez reconoció que el representante legal de la Comisión, Jorge del Río, también debe demostrar mediante escritura pública que es quien dice ser; es decir, representante acreditado de la Comisión. Ni que decir tiene que a estas alturas la Junta no se fía de nadie ni de los pasos dados.
Curioso. La Comisión Liquidadora le endosó a la Junta la decisión reclamándole a finales del verano que dictara una resolución, una hoja de ruta para el proyecto, y ahora es la Junta la que le rebota la petición.
Manuel Alfonso Jiménez reconoce que el Proyecto Río Tinto, que daría empleo a centenares de personas y que hasta 3.200 desempleados han enviado su currículum a Emed Tartessus, carece aún de la obligada "solidez jurídica" por las disputas entre las partes y las carencias de los nuevos aspirantes a reabrir la mina.
La otra pata del proyecto que pisa arenas movedizas es el concepto de multipropiedad de la unidad industrial y las balsas de residuos mineros. Hace justo un año, Huelva Información adelantó que la herencia dejada por la subasta pública de los terrenos de Minas de Río Tinto, debido a las deudas acumuladas con la Seguridad Social, se había convertido en el mayor obstáculo. En ese desgüace las promotoras sevillanas Rumbo 5.0 y Zeitung se hicieron con varias fincas esenciales para el laboreo minero, la viabilidad del proyecto y para la seguridad de la explotación. Rumbo adquirió en 2005 una finca de 1.200 hectáreas por 2,8 millones de euros, en Riotinto y El Campillo. Luego dio la cara Vía del Atlántico y Zeitung. Hoy piden 60 millones de euros para vender sus terrenos comprados en saldo.
Emed Mining y su filial Emed Tartessus son los propietarios de gran parte de los terrenos que ocupa la explotación minera de Riotinto. Así lo pone en las escrituras. Pero ¿podrían explotar los tajos, las cortas y extraer mineral de las entrañas de la Cuenca Minera? Hoy por hoy resulta imposible. Sólo pueden trabajar en superficie y el cobre está bajo tierra.
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, confirmó ayer que Emed no es propietaria del subsuelo pues para ello le hace falta obtener y escriturar a su nombre los derechos mineros (en manos de los seis miembros de la Comisión Liquidadora) la concesión y la autorización de la Junta de Andalucía. Esta no puede darle el sí porque los derechos administrativos aún constan en los registros a favor de la última concesionaria, MRT SA, la heredera surgida de la empresa Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral (SAL), que llegó a ser y es propiedad de algunos de los 600 trabajadores que operaban allí hace más de diez años.
De nada sirve que la empresa diga que posee los derechos mineros porque la mayoría de la Comisión Liquidadora se los ha traspasado porque a la Junta no le consta en ninguna escritura. Emed confirmó en una reunión con los alcaldes que cuatro de los seis miembros de este organismo firmaron una carta de no oposición a la transmisión de derechos mineros: Narciso García, Joaquín Arbona, Jorge Díaz del Río y Tomás López. Y que dos no rubricaban el escrito, Carlos Estévez y Fernando Borque.
Pero la Junta de Andalucía ha solicitado una nueva aclaración por si dos de los firmantes en 2008 se han echado atrás. Y pide que la declaración sea mancomunada.
Retrotrae la propiedad a MRT SA, lo que acerca los títulos al denostado y perseguido por la Justicia Carlos Estévez, el gran liquidador de los activos de la compañía minera. Entonces, hace diez años, nadie la quiso. La tonelada de cobre valía poco menos de 1.400 dólares. Ahora, cotizando a 9.400 dólares,todo son pretendientes.
La Administración se agarra a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 24 de noviembre de 2008 que avaló su autoridad para permitir o no el uso del dominio público en lo referente a los yacimientos mineros.
Jiménez reconoció que el representante legal de la Comisión, Jorge del Río, también debe demostrar mediante escritura pública que es quien dice ser; es decir, representante acreditado de la Comisión. Ni que decir tiene que a estas alturas la Junta no se fía de nadie ni de los pasos dados.
Curioso. La Comisión Liquidadora le endosó a la Junta la decisión reclamándole a finales del verano que dictara una resolución, una hoja de ruta para el proyecto, y ahora es la Junta la que le rebota la petición.
Manuel Alfonso Jiménez reconoce que el Proyecto Río Tinto, que daría empleo a centenares de personas y que hasta 3.200 desempleados han enviado su currículum a Emed Tartessus, carece aún de la obligada "solidez jurídica" por las disputas entre las partes y las carencias de los nuevos aspirantes a reabrir la mina.
La otra pata del proyecto que pisa arenas movedizas es el concepto de multipropiedad de la unidad industrial y las balsas de residuos mineros. Hace justo un año, Huelva Información adelantó que la herencia dejada por la subasta pública de los terrenos de Minas de Río Tinto, debido a las deudas acumuladas con la Seguridad Social, se había convertido en el mayor obstáculo. En ese desgüace las promotoras sevillanas Rumbo 5.0 y Zeitung se hicieron con varias fincas esenciales para el laboreo minero, la viabilidad del proyecto y para la seguridad de la explotación. Rumbo adquirió en 2005 una finca de 1.200 hectáreas por 2,8 millones de euros, en Riotinto y El Campillo. Luego dio la cara Vía del Atlántico y Zeitung. Hoy piden 60 millones de euros para vender sus terrenos comprados en saldo.
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