EDITADO EN HUELVA INFORMACION
España es el país de la Unión Europea que tiene un mayor número de casos de ayudas públicas pendientes de recuperar, con 15 del total de 54 expedientes abiertos en toda la UE, informó ayer la Comisión Europea. Uno de estos casos afecta a los fondos destinados a Minas de Río Tinto cuando entró en crisis a finales de la década de los 90 y quedó abocada a un largo expediente de regulación de empleo que para colmo ahora aparece en el escenario de los ERE que se ha convertido en un verdadero polvorín para el Gobierno de José Antonio Griñán.
La Comisión Europea decidió en el verano de 2001 abrir una investigación sobre las ayudas concedidas a la compañía minera por parte de la Junta de Andalucía y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Estas últimas llegaron a la mina tras una cadena de protestas de los mineros que incluso acamparon sus tiendas en la Avenida de Andalucía de Huelva. Gobernaba por aquel entonces el PP en España. El Gobierno concedió un crédito de 1.000 millones a la empresa minera mientras que la Junta de Andalucía dio autorización a otra subvención de 1.500 millones de pesetas. Sumadas ambas cantidades y al cambio actual serían 15 millones de euros.
Bruselas siempre dudó de la regularidad de esas ayudas que creyó incompatibles con las directrices comunitarias que estaban dirigidas a la reflotación de empresas con dificultades. Durante esos años, los dirigentes sindicales de la mina de Riotinto apostaron por lo que se denominó "la socialización del problema", que no fue otra cosa que contratar al mayor número de personas posibles para presionar a los gobiernos de turno, PP y PSOE. Aquella estrategia dio resultado aunque hoy se está viendo cuestionada por algunas irregularidades detectadas.
Nueve de los sumarios se refieren a las vacaciones fiscales vascas, exenciones a empresas de nueva creación concedidas en el País Vasco en la década de los 90 y que la Comisión ha denunciado ante el Tribunal de Justicia de la UE, por considerar que España no ha hecho lo suficiente por recobrarlas. Además de este asunto, que podría acarrear una multa millonaria para España, el Gobierno tiene pendientes de recuperar las ayudas públicas irregulares concedidas al productor de fibras sintéticas Sniace, la siderúrgica Anon en Coruña, el narrado Minas de Río Tinto en Huelva, la textil Puigneró en Cataluña y Magefesa en el País Vasco.
España debe recobrar las deducciones fiscales que otorgaba a las empresas que comprasen una participación en una compañía extranjera, consideradas "una ventaja competitiva" por Bruselas. Según datos de la Comisión a 31 de diciembre de 2010, durante todo el ejercicio pasado España no recuperó ninguna de las quince ayudas de Estado consideradas ilegales por el Ejecutivo comunitario y que ya tenía pendientes de resolver a finales de 2009. Tras España, los países que más casos tienen pendientes de solucionar son Italia, con 14 y una denuncia ante el tribunal de la UE; Alemania, con 7, y Francia, con cinco.
En total, Bruselas estima que las ayudas irregulares que aún deben recuperarse se elevan hasta los 1.800 millones de euros.
El año pasado, los Estados miembros recuperaron 530 millones de subsidios considerados ilegales, con lo que se eleva a 10.900 millones la cantidad restablecida en los últimos 10 años.
La Comisión Europea destacó que el ritmo de devolución de las ayudas se ha incrementado en los últimos años, al pasar del 26 % en 2007, al 48 % en 2009 y el 57 % en 2010. Pese a ello, el Ejecutivo comunitario ha avisado de que pretende "endurecer sus normas" para incrementar el control sobre las ayudas e "iniciar los procedimientos de infracción tan pronto como sea obvio que el Gobierno afectado no va a tomar los pasos necesarios para recuperar el dinero", de acuerdo con el comunicado enviado ayer.
España es el país de la Unión Europea que tiene un mayor número de casos de ayudas públicas pendientes de recuperar, con 15 del total de 54 expedientes abiertos en toda la UE, informó ayer la Comisión Europea. Uno de estos casos afecta a los fondos destinados a Minas de Río Tinto cuando entró en crisis a finales de la década de los 90 y quedó abocada a un largo expediente de regulación de empleo que para colmo ahora aparece en el escenario de los ERE que se ha convertido en un verdadero polvorín para el Gobierno de José Antonio Griñán.
La Comisión Europea decidió en el verano de 2001 abrir una investigación sobre las ayudas concedidas a la compañía minera por parte de la Junta de Andalucía y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Estas últimas llegaron a la mina tras una cadena de protestas de los mineros que incluso acamparon sus tiendas en la Avenida de Andalucía de Huelva. Gobernaba por aquel entonces el PP en España. El Gobierno concedió un crédito de 1.000 millones a la empresa minera mientras que la Junta de Andalucía dio autorización a otra subvención de 1.500 millones de pesetas. Sumadas ambas cantidades y al cambio actual serían 15 millones de euros.
Bruselas siempre dudó de la regularidad de esas ayudas que creyó incompatibles con las directrices comunitarias que estaban dirigidas a la reflotación de empresas con dificultades. Durante esos años, los dirigentes sindicales de la mina de Riotinto apostaron por lo que se denominó "la socialización del problema", que no fue otra cosa que contratar al mayor número de personas posibles para presionar a los gobiernos de turno, PP y PSOE. Aquella estrategia dio resultado aunque hoy se está viendo cuestionada por algunas irregularidades detectadas.
Nueve de los sumarios se refieren a las vacaciones fiscales vascas, exenciones a empresas de nueva creación concedidas en el País Vasco en la década de los 90 y que la Comisión ha denunciado ante el Tribunal de Justicia de la UE, por considerar que España no ha hecho lo suficiente por recobrarlas. Además de este asunto, que podría acarrear una multa millonaria para España, el Gobierno tiene pendientes de recuperar las ayudas públicas irregulares concedidas al productor de fibras sintéticas Sniace, la siderúrgica Anon en Coruña, el narrado Minas de Río Tinto en Huelva, la textil Puigneró en Cataluña y Magefesa en el País Vasco.
España debe recobrar las deducciones fiscales que otorgaba a las empresas que comprasen una participación en una compañía extranjera, consideradas "una ventaja competitiva" por Bruselas. Según datos de la Comisión a 31 de diciembre de 2010, durante todo el ejercicio pasado España no recuperó ninguna de las quince ayudas de Estado consideradas ilegales por el Ejecutivo comunitario y que ya tenía pendientes de resolver a finales de 2009. Tras España, los países que más casos tienen pendientes de solucionar son Italia, con 14 y una denuncia ante el tribunal de la UE; Alemania, con 7, y Francia, con cinco.
En total, Bruselas estima que las ayudas irregulares que aún deben recuperarse se elevan hasta los 1.800 millones de euros.
El año pasado, los Estados miembros recuperaron 530 millones de subsidios considerados ilegales, con lo que se eleva a 10.900 millones la cantidad restablecida en los últimos 10 años.
La Comisión Europea destacó que el ritmo de devolución de las ayudas se ha incrementado en los últimos años, al pasar del 26 % en 2007, al 48 % en 2009 y el 57 % en 2010. Pese a ello, el Ejecutivo comunitario ha avisado de que pretende "endurecer sus normas" para incrementar el control sobre las ayudas e "iniciar los procedimientos de infracción tan pronto como sea obvio que el Gobierno afectado no va a tomar los pasos necesarios para recuperar el dinero", de acuerdo con el comunicado enviado ayer.
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