La concesión y autorización, según el Gobierno andaluz, pertenece a la Comisión Liquidadora, seis personas que tienen en sus manos el futuro de una multimillonaria inversión y que deben firmar, o no, una carta de no oposición a la transmisión de los derechos mineros. Para ellos y también para Emed se acerca el día D del plazo dado por la Junta a una firma que determinará o bien el inicio de un negocio o, por contra, la declaración de hostilidades en el teatro minero mundial. Los mercados ya miran con asombro la complejidad de iniciar inversiones mineras en un sector donde la tonelada de cobre alcanza los 9.400 dólares.
Carlos Estévez, ex director general de MRT, en las instalaciones.
Esta firma, junto con el desguace de la Unidad Industrial, que benefició a dos promotoras inmobiliarias, Rumbo 5.0 y Zeitung, puede cocerse en una misma sede pues el trío comparte edificio en Sevilla. La misma ciudad que ampara al factótum de la mina de Riotinto, Carlos Estévez, blanco de todas las miradas y al que se dirigen ahora todas las posibilidades de reapertura de la antiquísima explotación minera. Hace más de una década lideró el troceo de la Cuenca ante la quiebra y las deudas acumuladas por la compañía. Hay quien dice que si Estévez se hubiese dedicado a hacer el bien, hoy tendría un monumento en el corazón de la comarca pero le critican que cogiera el camino del mal. Y nadie le paró los pies, ni el Gobierno ni la Justicia.
La empresa minera ha confirmado que "un total de dieciocho demandas y querellas hay interpuestas por Emed y otros perjudicados contra Carlos Estévez, sus socios, sus presuntos testaferros y el entramado de sociedades en las que ha venido desarrollando sus actividades".
Estas acciones están siendo estudiadas y tramitadas en distintas instancias, desde juzgados de instrucción comarcales hasta el Tribunal Supremo, todos por presuntos delitos de diversa calificación: apropiación indebida, estafa, delito societario, obstrucción a la justicia, falsificación documental, difusión de información confidencial, fraude en suspensión de pagos, impagos a la Seguridad Social. Algunas con penas de prisión y otras con periodos largos de inhabilitación para el ejercicio que más le gusta, la intermediación minerometalúrgica.
De entre todas ellas, según la empresa, destacan aquellas en las que está demandada la Comisión Liquidadora de MRT, y afectados los smiembros que la componen.
Una de ellas, presentada hace ocho meses en el Juzgado de Valverde del Camino, permitiría averiguar la supuestamente irregular suspensión de pagos de MRT, cuya liquidación no se ha efectuado aparentemente, al no haber presentado la Comisión cuentas ni haber respetado el orden de preferencia de los distintos acreedores, tal y como marca la actual normativa.
Pero también hay otro litigio en el Juzgado nº 13 de Sevilla, desde hace casi un año, por la cesión de los derechos mineros, cuya audiencia previa ya está fijada para el próximo seis de abril. En ella se pide que el Juzgado sustituya a la propia Comisión Liquidadora en su obligación de no estorbar en la cesión administrativa de los derechos mineros a favor de Emed Tartessus, por haber manifestado ésta documentalmente su voluntad de no ejercer como tal.
Y en el Juzgado nº 24 de Sevilla hay otra contra MRT y los miembros de su Comisión Liquidadora sobre la deuda de la Seguridad Social que a pesar de las varias liquidaciones efectuadas, no se ha visto reducida, y a la totalidad de la cual ha tenido que subrogarse Emed Tartessus convirtiéndose así en deudor solidario junto con MRT. Otras de las denuncias curiosas es la presentada en septiembre pasado por estafa al haberse vendido a Emed una concesión de aguas ya caducada. El juicio está señalado para el 30 de marzo próximo.
Según la letanía de denuncias que maneja la multinacional, las que afectan más directamente al antiguo director de la Mina, Carlos Estévez, son las presentadas, respectivamente, ante los juzgados 5 y 19 de Instrucción de Sevilla. La primera, admitida a trámite, es por un presunto delito de apropiación indebida y otro delito societario, por pagos realizados por éste cuando Emed se hizo cargo de la mina. La segunda por difusión de información privada de la empresa.
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