Los alcaldes del PSOE apuntalan el ERE y el PP intenta sacar intrusos

viernes, 25 de febrero de 2011

EDITADO EN HUELVA INFORMACION
Después de deslegitimar el expediente de regulación de empleo de Riotinto y el Acuerdo Marco sobre Minería que suscribieron entre 2002 y 2003 y que supuso el cierre de todas las minas metálicas y el despido de 1.500 minerosre, PSOE y PP trataron de reconciliarse ayer con la Cuenca Minera.

Los alcaldes de la comarca y el Andévalo firmaron un manifiesto de rechazo a las declaraciones vertidas por algunos dirigentes populares y calificaron los testimonios como "una agresión directa contra los ciudadanos". Casi al mismo tiempo, desde el PP se exigió al PSOE que "no eche por tierra el honor de los mineros y de los ciudadanos para tapar sus vergüenzas en los ERE".

El PP reclamó al PSOE que no "criminalice y trate como delincuentes a los mineros por culpa de un puñado de posibles enchufados o supuestos intrusos".

El rifi-rafe, alimentado también por el ex director general de Minas de Río Tinto, Carlos Estévez, que se ha mostrado muy activo en esta polémica desde que saltó de Mercasevilla a tierras onubenses, llegó ayer a la Cuenca. En sus intervenciones, Estévez ha apuntado la responsabilidad de la Junta y de los sindicatos en este procedimiento de cierre de la actividad minera. Él conocía de primera mano el proceso pues manejaba la empresa minera con mano firme. Hasta recurrió a la presencia de guardaespaldas para garantizarse la aprobación de sus propuestas en medio de un gran escándalo social.

Los presidentes de las mancomunidades Cuenca Minera y Andévalo Minero, Vicente Zarza y José María Infante, respectivamente, lanzaron un mensaje de apoyo y tranquilidad a los trabajadores afectados por el ERE de Riotinto a la vez que mostraron su más profundo rechazo a la actitud que dirigentes del PP están teniendo sobre este asunto, que está poniendo en peligro las prestaciones sociales de los exmineros.

Los alcaldes de los municipios que forman parte de los dos entes supramunicipales, entre los que destacan los siete que integran la Cuenca Minera, así como los de Paymogo, Tharsis y La Zarza, por parte del Andévalo Minero, firmaron en la sede de la mancomunidad ubicada en Riotinto un manifiesto en el que piden respeto para sus vecinos .

Los ediles, en su inmensa mayoría del PSOE, respaldan la intervención de la Junta de Andalucía y de los sindicatos en el proceso que, según reza el manifiesto, permitió arrancar, después de meses de lucha, al Gobierno de José María Aznar ayudas que contribuyeron a conseguir garantías de renta para las familias de los mineros. Los mandatarios locales recuerdan que en el momento de la firma del ERE de Riotinto el Gobierno central estaba liderado por el PP, que, pese a la presión social de estas comarcas, dejó sin ayudas a sus vecinos durante su etapa mientras primaba otras actividades como la minería del carbón.

Los primeros ediles mineros condenan cualquier intento de vincular las ayudas recibidas por los trabajadores de sus comarcas con irregularidades masivas, "que en absoluto se han producido", afirman en el manifiesto.

Los alcaldes también se oponen a intervenciones públicas interesadas, procesos judiciales orientados a conseguir réditos políticos con tal de hacer daño a gobiernos del partido contrario, a montajes mediáticos, etc, como los que, a su juicio, está promoviendo el Partido Popular y que perjudican a sus pueblos y recuerdan la actitud irresponsable del PP en relación con la mina de Aguas Teñidas.

Por su parte, el portavoz del PP, Guillermo García de Longoria, aseguró desde Nerva que "el problema de los ERE es que se hayan colado personas afines al PSOE. El verdadero problema es el de los intrusos y eso es lo que hay que investigar y lo que la Junta debe explicar a la opinión pública sin esperar un segundo más". Además, pidió al delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, que informe de si existen más EREs fraudulentos en la provincia.

Desde el PP se insistió en reclamar al PSOE que aclare si hay cargos socialistas "colados" en el expediente de regulación de empleo de Riotinto en vez de criminalizar a los mineros.

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