EDITADO ENHUELVA INFORMACION / RAFAEL MORENO
Cuatro mineros encerrados (José Antonio Angera, Hermenegildo Araujo, José Carlos Sevilla y Jaime García) durante cien horas a 200 metros camino de pozo Alfredo, un puñado de reproches públicos al secretario general del PSOE (Mario Jiménez) en el Foro de la Minería de Riotinto, un desfile de políticos (incluido el PP con el casco en ristre) por el túnel 14, una procesión de alcaldes socialistas en penitencia desde el tajo a Sevilla, los rezos de la Federación de Industrias Afines de UGT y la visión en el horizonte de las elecciones municipales del 22 de mayo con el viento en contra han provocado que la Junta de Andalucía desbloquee la tramitación de la concesión de los derechos mineros.
Todo ha sucedido en cuatro días, después de llevar cuatro años mareando una perdiz, el proyecto de reapertura de la mina de Riotinto, presentado por la multinacional Emed Mining que sigue enfrentándose a un mar de dudas, desconfianzas y obstáculos burocráticos. La empresa asegura que en nueve meses puede tener todos los permisos en sus manos.
Pero la Junta de Andalucía no ha cambiado el lenguaje. Ayer mismo, en el comunicado oficial redactado para expresar por escrito sus compromisos, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, lanzaba el primer jarro de agua fría a las intenciones de Emed y apuntó que "debido a la baja densidad del cobre, se exigirán garantías sociales relevantes que compensen a los trabajadores durante los periodos de inactividad si bajan los precios del mineral y se hace inviable la extracción". La Junta mostraba así su nueva arma de control: la calidad del cobre de Riotinto, que a su juicio es mala. Incluso compara la baja ley del cobre de Riotinto (0,5%) con la de Cobre las Cruces (6,6%) y Aguas Teñidas (1,7%). Y eso en los mercados es uno de los peores mensajes que se pueden lanzar. Pocos comprarán un producto calificado como malo por quien tiene la responsabilidad de autorizar su extracción.
La Junta dice en su nota que ha conseguido desbloquear el proceso de tramitación de los derechos mineros, lo que a su juicio "despeja una de las vías necesarias para que se garantice la viabilidad del proyecto". Según la Junta, "este paso, uno más de los demandados por los trabajadores del sector y por los ayuntamientos de la comarca, constituye parte de un procedimiento reglado por la normativa minera que requiere en primer lugar la acreditación legal del solicitante que permite evaluar la solvencia técnica y económica de un proyecto minero viable".
El consejero de Economía, Antonio Avila, mantuvo ayer una reunión con los alcaldes mineros para informarles de este avance y dijo que en el caso de Riotinto "el procedimiento es más complejo porque el titular de los derechos administrativos de explotación es Minas de Río Tinto SA, cuya representación la ostenta la Comisión Liquidadora". Sin embargo, Emed Tartessus, actual propietaria de la mayoría de los terrenos donde se encuentra el yacimiento es quien solicita la explotación. La Junta asegura que ha recibido los escritos necesarios de la Comisión Liquidadora y concluye que "se puede continuar con el procedimiento de transmisión de derechos".
Ahora la Administración continuará con el análisis técnico, los informes y evaluaciones ambientales y el estudio económico del proyecto, que, dice, "deberá analizarse por parte de los organismos especializados". También advierte que "los avales de restauración y garantías sociales deberán ser depositados previamente a la autorización de los trabajos de reapertura, es decir la puesta en marcha de la actividad deberá realizarse con todas las garantías técnicas de seguridad y de protección ambiental".
Cuatro mineros encerrados (José Antonio Angera, Hermenegildo Araujo, José Carlos Sevilla y Jaime García) durante cien horas a 200 metros camino de pozo Alfredo, un puñado de reproches públicos al secretario general del PSOE (Mario Jiménez) en el Foro de la Minería de Riotinto, un desfile de políticos (incluido el PP con el casco en ristre) por el túnel 14, una procesión de alcaldes socialistas en penitencia desde el tajo a Sevilla, los rezos de la Federación de Industrias Afines de UGT y la visión en el horizonte de las elecciones municipales del 22 de mayo con el viento en contra han provocado que la Junta de Andalucía desbloquee la tramitación de la concesión de los derechos mineros.
Todo ha sucedido en cuatro días, después de llevar cuatro años mareando una perdiz, el proyecto de reapertura de la mina de Riotinto, presentado por la multinacional Emed Mining que sigue enfrentándose a un mar de dudas, desconfianzas y obstáculos burocráticos. La empresa asegura que en nueve meses puede tener todos los permisos en sus manos.
Pero la Junta de Andalucía no ha cambiado el lenguaje. Ayer mismo, en el comunicado oficial redactado para expresar por escrito sus compromisos, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, lanzaba el primer jarro de agua fría a las intenciones de Emed y apuntó que "debido a la baja densidad del cobre, se exigirán garantías sociales relevantes que compensen a los trabajadores durante los periodos de inactividad si bajan los precios del mineral y se hace inviable la extracción". La Junta mostraba así su nueva arma de control: la calidad del cobre de Riotinto, que a su juicio es mala. Incluso compara la baja ley del cobre de Riotinto (0,5%) con la de Cobre las Cruces (6,6%) y Aguas Teñidas (1,7%). Y eso en los mercados es uno de los peores mensajes que se pueden lanzar. Pocos comprarán un producto calificado como malo por quien tiene la responsabilidad de autorizar su extracción.
La Junta dice en su nota que ha conseguido desbloquear el proceso de tramitación de los derechos mineros, lo que a su juicio "despeja una de las vías necesarias para que se garantice la viabilidad del proyecto". Según la Junta, "este paso, uno más de los demandados por los trabajadores del sector y por los ayuntamientos de la comarca, constituye parte de un procedimiento reglado por la normativa minera que requiere en primer lugar la acreditación legal del solicitante que permite evaluar la solvencia técnica y económica de un proyecto minero viable".
El consejero de Economía, Antonio Avila, mantuvo ayer una reunión con los alcaldes mineros para informarles de este avance y dijo que en el caso de Riotinto "el procedimiento es más complejo porque el titular de los derechos administrativos de explotación es Minas de Río Tinto SA, cuya representación la ostenta la Comisión Liquidadora". Sin embargo, Emed Tartessus, actual propietaria de la mayoría de los terrenos donde se encuentra el yacimiento es quien solicita la explotación. La Junta asegura que ha recibido los escritos necesarios de la Comisión Liquidadora y concluye que "se puede continuar con el procedimiento de transmisión de derechos".
Ahora la Administración continuará con el análisis técnico, los informes y evaluaciones ambientales y el estudio económico del proyecto, que, dice, "deberá analizarse por parte de los organismos especializados". También advierte que "los avales de restauración y garantías sociales deberán ser depositados previamente a la autorización de los trabajos de reapertura, es decir la puesta en marcha de la actividad deberá realizarse con todas las garantías técnicas de seguridad y de protección ambiental".
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